El Gobierno aplaza a 2027 la entrada en vigor del sistema Verifactu para pymes y autónomos
El Real Decreto-ley aprobado modifica el calendario del Reglamento Verifactu para permitir una adaptación técnica y operativa más gradual
El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que introduce la ampliación de los plazos para la aplicación del sistema de facturación electrónica Verifactu, dirigido a empresas y trabajadores autónomos. La medida supone un retraso de un año en la entrada en vigor del Reglamento Verifactu, inicialmente prevista para 2026, y responde a la necesidad de asegurar una implantación uniforme y eficaz en el conjunto del tejido empresarial.
La normativa modifica el Real Decreto 1007/2023, que fijaba los requisitos técnicos que debían cumplir los sistemas informáticos de facturación utilizados por las pequeñas y medianas empresas, así como por los autónomos. La entrada en vigor de estas exigencias se pospone al 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y al 1 de julio de ese mismo año para el resto de empresas y autónomos.
El Gobierno busca una implantación homogénea del sistema
Con esta decisión, el Ejecutivo pretende dar un mayor margen de adaptación a las empresas, permitiendo que adecuen sus sistemas informáticos al nuevo entorno de facturación electrónica. Además, se busca garantizar una transición ordenada, evitando cargas desproporcionadas o desajustes técnicos en el proceso.
El sistema Verifactu se enmarca en el desarrollo de la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y tiene como objetivo principal combatir el uso del denominado “software de doble uso”, que permite manipular registros contables y ocultar ingresos reales. Con su implantación, se reforzará la trazabilidad y seguridad de la facturación, a la vez que se facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente en pymes y negocios individuales.
Más seguridad y trazabilidad para autónomos y pymes
A partir de 2027, los sistemas informáticos de facturación deberán cumplir con requisitos técnicos que impidan cualquier alteración no documentada. Cualquier modificación deberá registrarse mediante una factura rectificativa vinculada a la original, lo que elimina prácticas como “borrar y rehacer”, habituales hasta ahora y que dificultaban el control fiscal.
El nuevo marco normativo permitirá a pymes y autónomos operar con mayor seguridad jurídica, simplificando sus procesos contables y contribuyendo a una economía más transparente.